México.- La directora ejecutiva del Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México), Adriana Lobo de Almeida, dijo ayer que los desastres naturales por el cambio climático imponen a México una factura muy alta.
Al presentar el estudio “Emergencia Climática. Oportunidad Urbana” de la Coalición para las Transiciones Urbanas en el Foro para la Transformación Urbana, Lobo de Almeida dijo que cada que sobreviene un desastre "todo el esfuerzo para sacar a la población de la pobreza se retrasa”.
En el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de esta ciudad, Lobo presentó una gráfica para ilustrar el caso de Veracruz que entre 2000 y 2015 ocupó el primer lugar en gastos por desastres naturales con 96 millones 16 mil pesos; seguido de Tabasco con 90 millones 577 mil pesos y Chiapas con 58 millones 169 mil pesos.
El reporte fue elaborado durante tres años e involucró a un grupo multidisciplinario de 50 institutos de investigación, redes de gobiernos locales y nacionales, inversionistas, proveedores de infraestructura, compañías de consultoría estratégica, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil.
Lobo dijo que el estudio plantea un camino factible para lograr el desarrollo sostenible y equitativo de las urbes del mundo.
Durante el Foro, también se dieron a conocer seis acciones que considera el reporte para lograr ciudades con cero emisiones de carbono.
Refiere el desarrollo de una estrategia amplia para lograr la prosperidad compartida y la neutralidad del carbono, incorporando el desarrollo urbano como eje fundamental de la administración pública.
De igual forma propone la convergencia de políticas públicas nacionales para lograr ciudades compactas, conectadas y limpias, con regulaciones del uso de suelo y construcción, la prohibición de venta de vehículos que utilicen combustibles fósiles y la adopción de alternativas verdes al acero y el cemento.
Asimismo, promueve el financiamiento de infraestructura urbana sostenible, con la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles, regulación de los precios del carbono, reformas a los impuestos a la tierra y a la propiedad, y el uso de los presupuestos nacionales de transporte para movilidad activa y transporte público.
Además, plantea la coordinación y apoyo de la acción climática a nivel local, autorizando a gobiernos locales a introducir políticas y planes climáticos más ambiciosos, y aumentando en al menos un tercio el presupuesto nacional de investigación y desarrollo para combatir la emergencia climática.
El estudio también propone un sistema multilateral que promueva ciudades inclusivas y neutrales en carbono, priorizando a las ciudades en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) para 2020 y 2050.
Esto mediante la alineación de las estrategias del Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y planear una transformación urbana justa, gravando el uso del carbono o de los combustibles fósiles para compensar el gasto de combatir la emergencia climática.
De igual forma promueve el desarrollo de planes de transición para las industrias basadas en combustibles fósiles.
El reporte demuestra que es posible lograr ciudades bajas en carbono mediante el fomento de la prosperidad económica y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, a través de la creación de 87 millones de empleos a nivel global para el año 2030.