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Atienden Semarnat y Profepa a los afectados del Río Sonora

Atienden Semarnat y Profepa a los afectados del Río Sonora

Los días 22 y 23 de mayo se llevó a cabo la reunión pública de información, respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada por la SCJN.

México.- Las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) atendieron las quejas de los habitantes de los municipios de Arizape, Hermosillo, Huépac, San José de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y Banámichi, afectados por el desastre ecológico en el Río Sonora, por una falla en el represo Bordo Poniente acontecido el 6 de agosto del 2014.

Se les explicó en qué consistió el Convenio para la realización de acciones con el objeto de remediar, reparar y compensar los daños ambientales y a la salud pública; en qué consistieron y cuáles fueron las medidas ambientales llevadas a cabo en ese momento; cómo se llegó a la determinación y qué medios se utilizaron para concluir que se alcanzaron los niveles de remediación, y cómo se cercioró la Profepa de que los fines del fideicomiso habían sido cumplidos.

La dependencia informó que tanto los ciudadanos como las empresas que asistieron tuvieron la oportunidad de manifestar sus opiniones y se les informó que cuentan con 10 días para estar en posibilidad de ampliar sus manifestaciones y aportar las pruebas que consideren necesarias con respecto a sus dichos. Las autoridades competentes deberán tomar en cuenta las manifestaciones de las partes y emitir una nueva determinación.

Es importante señalar que desde el año pasado, la Semarnat ha mantenido el diálogo con las comunidades, con los tres niveles de gobierno, el sector académico y Grupo México con el objetivo de recuperar la confianza, tras años de promesas incumplidas por parte de pasadas administraciones.

Con esta reunión pública se dio cumplimiento a la sentencia dictada por la SCJN, lo que se traduce como la activación del Fideicomiso Río Sonora, dejando sin efecto los actos de autoridad anteriores; además, se consideraron todas y cada una de las manifestaciones de los ciudadanos, extendiendo a 10 días hábiles la aportación de pruebas.

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