Parte fundamental de la estrategia para cuidar el patrimonio natural de México es el establecimiento de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, las cuales se construyen a través del diálogo y por iniciativa de ejidos y comunidades.
Las ADVC, con sustento en la Ley General del Equilibrio Ecológico, son el instrumento de conservación voluntaria in situ que permite destinar predios para mantener los ecosistemas donde habita la biodiversidad de México y generar servicios ambientales en beneficio de las comunidades.
En este modelo es muy importante la participación activa, libre e informada de los pueblos y comunidades para proteger su territorio. Destinar sus espacios para el cuidado del medio ambiente es un acto de amor de los pobladores hacia su tierra y sus familias, y cuentan con el acompañamiento de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Bajo este esquema, el país pasó de 470 ADVC que se tenían en 2018, a 562 en 27 estados de la República mexicana, lo cual representa más de 1.2 millones de hectáreas bajo cuidado de las personas en coordinación con la autoridad federal.
La meta es cerrar el 2024 con 616 ADVC certificadas en una superficie de 1.3 millones de hectáreas. Para lograr este objetivo, la Conanp ha realizado diversos talleres para informar sobre la importancia de las ADVC y los requisitos que exige la certificación.
En esta modalidad de Área Natural Protegida, cuyo trámite es gratuito y tiene una vigencia de 15 a 99 años, la voluntad de conservar es expresada por la decisión de la Asamblea comunal y determinan el tiempo a destinar la superficie a proteger, así como la estrategia de manejo y las normas de uso.
Cuando un ejido está certificado como ADVC, el programa Pago por Servicios Ambientales que opera la Comisión Nacional Forestal (Conafor) se extiende en años para poder seguir haciendo trabajo de conservación y beneficiar a los habitantes.