Nueva York.- Los conservacionistas han llevado a cabo la primera revisión exhaustiva de las leyes nacionales en toda la zona de distribución del jaguar (Panthera onca) para mostrar oportunidades para fortalecer las protecciones legales de las especies de felinos más grandes que se encuentran en las Américas.
La revisión, publicada en International Journal of Wildlife Law and Policy, fue realizada por la Wildlife Conservation Society (WCS), la Universidad de Cornell, la Universidad del Pacífico en Lima y la Universidad de Zamorano en Honduras.
Los autores dicen que presenta una forma simplificada de comparar los enfoques de protección de los estados del área de distribución del jaguar que, en conjunto, podrían constituir un marco de conservación sólido.
La revisión llega en un momento en que las preocupaciones sobre el aumento del comercio ilegal de partes de jaguar, especialmente sus pieles, dientes y garras, aumentó la necesidad de comprender las fortalezas y deficiencias de los marcos legales que protegen a la especie.
Los autores señalan que ningún país del área de distribución permite el comercio de jaguares muertos y todos los países en la revisión han aprobado algunas sanciones administrativas y penales por la caza y el comercio ilegal de sus partes; sin embargo, las sanciones varían ampliamente y existe la necesidad de una implementación más efectiva de las consecuencias legales.
Los autores enumeran las siguientes oportunidades de mejora en la estructura legal:
- Adoptar leyes nacionales a nivel legal que exijan específicamente la protección del jaguar.
- Establecimiento de sanciones administrativas y penales claras por la caza y tráfico de jaguares y la negativa a cumplir con las mejores prácticas de convivencia.
- Garantizar que las penas dictadas por los delitos brinden suficiente disuasión para los actores nacionales y extranjeros.
- Reconocer estrategias de conservación no vinculantes, como los planes de manejo de vida silvestre, dentro del sistema legal. Esto debería incluir sistemas que prevengan y gestionen los conflictos entre los humanos y la vida silvestre, y el reconocimiento de las prácticas tradicionales de manejo consuetudinario que brinden incentivos para el uso sostenible de los recursos naturales en vastas áreas geográficas.
Dijo la autora principal del artículo, la Dra. Heidi Kretser, científica social de conservación de WCS:
“Las personas e instituciones que trabajan en la conservación del jaguar pueden usar la información de esta revisión para garantizar que los marcos legales nacionales y las sanciones administrativas y penales por violaciones sean potentes.
Las instituciones gubernamentales y territoriales pueden beneficiarse del análisis, pero también tienen la responsabilidad de garantizar una capacidad de ejecución adecuada para implementar las leyes. Creemos que esta presentación ayudará a los países del área de distribución a alcanzar los objetivos de 2030 para la conservación del jaguar en las Américas”.
Los autores encontraron la necesidad de armonizar las leyes y las sanciones dentro y entre los países limítrofes: adaptando los esfuerzos regionales a los grandes movimientos de los jaguares, que se encuentran en un rango de 7 millones de kilómetros cuadrados (más de 2.7 millones de millas cuadradas) que se extiende desde el sur de Estados Unidos al norte de Argentina.
La mayoría de las subpoblaciones de jaguares son transfronterizas (por ejemplo: Brasil/Argentina, Guatemala/Belice/México).
El área fronteriza compartida por Ecuador, Perú y Colombia fue catalogada como una sola y masiva Unidad de Conservación del Jaguar. Las Unidades de Conservación del Jaguar se definen como áreas con presas estables que podrían mantener una población mínima de jaguar residente de 50 individuos reproductores y un hábitat adecuado.
Esta área es importante para asegurar la conectividad del jaguar en la cuenca del Amazonas y para conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos fundamentales para los pueblos indígenas. Sin embargo, estos países tienen leyes decididamente diferentes; Perú adoptó penas agravadas para las matanzas ilegales realizadas dentro de las áreas protegidas mientras que los demás países no lo han hecho.
El documento se centró en los marcos legales aplicables a la conservación de la vida silvestre y específicamente a los jaguares, pero existen otros arreglos legales que afectan negativamente la conservación del jaguar, como reglas de titulación de tierras deficientes, lagunas que permiten la deforestación y una débil capacidad de aplicación.
Mónica Nuñez Salas, profesora de derecho peruana y coautora del artículo, señaló lo siguiente:
El contexto social y ambiental en el que se promulgan estas leyes influye profundamente en su eficacia para la conservación.
Dijo John Polisar del Zamorano Biodiversity Center y anteriormente con WCS: “Esperamos que esta revisión ayude a la conservación del jaguar en países de distribución individuales, en áreas transfronterizas y en toda su distribución”.
Todavía se necesita trabajo futuro para mejorar el cumplimiento y la implementación en el campo y para cerrar los vacíos en la legislación existente. En algunos casos, puede ser necesario actualizar las leyes para integrar la comprensión actual del comercio ilegal de partes de jaguar que ocurre en la región y por internet y mejorar el conocimiento sobre cómo manejar el conflicto entre humanos y jaguares, especialmente en áreas de ganadería.