México.- En marzo, tres países más ratificaron el Acuerdo de Escazú, un tratado regional que busca mejorar el acceso a información pública y la participación ciudadana en temas ambientales, y proteger a los defensores ambientales.
El acuerdo pretende frenar los ataques contra líderes y comunidades que defienden el ambiente, para quienes América Latina es la región más peligrosa del mundo, ya que ahí se han documentado mil 356 ataques contra estos defensores entre 2009 y 2018 en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú, de los cuales un 56 por ciento era contra integrantes de minorías étnicas.
El acuerdo llegó a ocho y está muy cerca de las 11 ratificaciones necesarias para convertirse en realidad, pero las cuarentenas, el distanciamiento social y otras medidas de urgencia tomadas por los países latinoamericanos contra el nuevo coronavirus ralentizaron su aprobación.
Aunque los trámites legislativos son distintos en cada país, el proceso avanzaba cuando llegó la pandemia. Así va el Acuerdo de Escazú en los países firmantes.
En Argentina, todo estaba listo para discutir la ratificación de Escazú en el nuevo Congreso, cuyo trabajo se interrumpió por la cuarentena decretada por el presidente Alberto Fernández.
Brasil, que firmó el acuerdo bajo el gobierno anterior de Michel Temer, aún no ha enviado el acuerdo al Congreso para su ratificación.
Colombia fue el último país en sumarse a Escazú, después de que ese fuese uno de los pedidos insistentes de la sociedad civil en los espacios de diálogo que siguieron a las protestas masivas de final de año contra el gobierno de Iván Duque.
Duque lo firmó el 11 de diciembre, retrocediendo sobre su visión original de que el acuerdo no contenía medidas novedosas y exponía al país a ser juzgado internacionalmente. Ahora deberá ser aprobado por el Congreso, tanto en Senado como Cámara de Representantes, y pasar a revisión en la Corte Constitucional. El gobierno estaba teóricamente listo para presentarlo el 17 de marzo al iniciar la nueva legislatura, interrumpida por las medidas de aislamiento preventivo y cuarentena obligatoria.
En Costa Rica, el país sede de la negociación y que le prestó su nombre al acuerdo, la ratificación está muy adelantada, pero fue truncada por el coronavirus.
La Asamblea Legislativa aprobó el acuerdo el 13 de febrero y actualmente está en consulta en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que tiene un mes para examinar su constitucionalidad y devolverla al legislativo para un segundo y último debate.
Ecuador sería el noveno país en ratificar Escazú si no fuese por el coronavirus.
Ese trámite arrancó en la Corte Constitucional que tomó dos decisiones el año pasado sobre el acuerdo: primero determinando que debería pasar por la Asamblea Nacional y luego, en abril, aprobando su constitucionalidad.
En mayo inició su paso por el legislativo, siendo aprobado este 4 de febrero en el pleno de la Asamblea Nacional. El 27 de febrero, el presidente Lenin Moreno firmó el decreto ejecutivo ratificándolo, lo que significa que solo falta depositarlo en la Oficina de Tratados de Naciones Unidas en Nueva York y solo falta que se publique en el Registro Oficial.
Aunque el gobierno guatemalteco le dio visibilidad al acuerdo desde el momento de la firma, convocando desde agosto de 2018 a talleres de socialización con el ministro de ambiente y altos funcionarios de Cancillería, desde entonces su trámite se ha estancado.
México aún no ha enviado el acuerdo al Legislativo para su ratificación, un proceso que se verá ralentizado por la recién declarada emergencia sanitaria.
La ratificación avanzaba en el Congreso paraguayo, pero se estancó por la oposición de sectores religiosos y conservadores.
En Perú, otro de los países que lideró la negociación, el acuerdo avanzaba hasta que quedó paralizado por la crisis política del año pasado. En agosto, el gobierno de Martín Vizcarra envió al Congreso el expediente recomendando su aprobación, incluyendo informes favorables de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Poder Judicial y diez ministerios. Sin embargo, en medio del agudo conflicto político entre el gobierno y el legislativo, no alcanzó a ser discutido siquiera en la comisión de relaciones exteriores,
Esa parálisis se acentuó cuando Vizcarra disolvió el Congreso en septiembre. Su gobierno, que tenía facultades para legislar hasta que llegara un nuevo legislativo, no priorizó la ratificación. El nuevo congreso, electo en enero, solo se posesionó a mediados de marzo y aún no ha conformado la nueva comisión de relaciones exteriores.
En la República Dominicana, las discusiones se han visto dilatadas por el agitado calendario electoral este año, con las elecciones municipales que tuvieron lugar hace una semana y las dos vueltas presidenciales y legislativas programadas para mayo y junio. Los avances, en todo caso, se frenaron por la cuarentena. Una vez salga del legislativo, debe ser revisado por el Tribunal Constitucional.
Chile lideró la negociación junto con Costa Rica, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, pero luego su sucesor Sebastián Piñera se negó a firmarlo. En enero, la ministra de ambiente Carolina Schmidt aludió al “riesgo de internacionalizar conflictos que son y deben ser internos”.
En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele sigue reacio a firmar el acuerdo y ni siquiera habla públicamente de él.
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