CDMX.- El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a la Ley de Educación del Distrito Federal, por lo que las autoridades educativas de la ciudad deberán incluir en los planes y programas de estudio de las escuelas públicas capitalinas una materia obligatoria de educación ambiental.
La reforma prevé que esa materia se imparta en las escuelas públicas de niveles inicial, preescolar, básica, medio superior y normal de la Ciudad de México.
De acuerdo con el dictamen, aprobado por 52 votos en favor, cero en contra y cero abstenciones, la nueva materia debe contener los conceptos fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable y prevención del cambio climático; además, fomentar la protección al medio ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, así como las medidas para su conservación, mejoramiento y cuidado que propicien el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México.
La diputada Lilia Sarmiento Gómez, en nombre de las comisiones unidas de Educación y Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, indicó que la capital cuenta con un “alto patrimonio natural y cultural, por lo que la preservación del medio ambiente y el uso racional de sus recursos naturales es una obligación conforme se establece en los artículos 8 y 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México”.
Agregó que la iniciativa promovida por las legisladoras del PVEM, Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de La Vega Píccolo, “es plausible derivado de la necesidad de robustecer la educación ambiental y la sensibilización de la ciudadanía desde las primeras edades en pro de proteger nuestro medio ambiente y el patrimonio natural tan rico que nos caracteriza como ciudad”.
La degradación y el agotamiento ambiental en México generan costos equivalentes al 4.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
El dictamen aprobado proporciona información que da idea de la relevancia de la educación ambiental: “La degradación y el agotamiento ambiental en México generan costos equivalentes al 4.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)”, de acuerdo con datos del INEGI.
Las cuentas del INEGI miden el impacto que los residuos ocasionan al medio ambiente, así como los efectos derivados del agotamiento del agua sbterránea, bosques y recursos petrolíferos, la degradación del aire y cuerpos de agua y la contaminación del suelo por residuos sólidos urbanos.
El costo ambiental, se informa en el dictamen, se divide en dos partes: cuatro por ciento corresponde a degradación ambiental, que incluye emisiones de aire, contaminación por agua, residuos sólidos y degradación de suelo. El restante 0.6 por ciento es el costo económico registrado en el país por agotamiento de recursos forestales, agua subterránea e hidrocarburos.
Mediante su reforma, el artículo 10, fracción XVIII de la Ley de Educación del Distrito Federal quedaría así: “Promover y fortalecer la educación ambiental a través de la impartición de actividades extracurriculares cuyos contenidos incluyan los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable y la prevención del cambio climático, además de que se fomente la protección al medio ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, así como las medidas para su conservación, mejoramiento y cuidado, que propicien el desarrollo y la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México”.
Y el artículo 13, fracción VIII, quedaría de este modo: “Proponer a la Secretaría de Educación Pública los contenidos regionales que deban incluirse en los planes y programas de estudio para la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica.
“Asimismo, los contenidos ambientales que deban incluirse en los planes y programas de estudio de las materias afines que se impartan en la educación inicial, preescolar, básica, media superior y normal para la formación de maestros de educación básica y media superior, en los que se incluyan los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, el uso racional de los recursos naturales y la prevención del cambio climático”.
Al razonar su voto, la legisladora Teresa Ramos dijo que “la educación ambiental forma parte de la base para mejorar nuestro entorno y el desarrollo sostenible, ya que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas, así como al acceso a la educación inclusiva y equitativa, y coadyuvar para dotar a la población de las herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a las problemáticas ambientales actuales”.