México.- La diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez (Morena) manifestó que en México la disponibilidad del agua potable por habitante ha disminuido drásticamente, pues cerca del diez por ciento de la población no tiene acceso, y que los estados más perjudicados son Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Además del consumo doméstico, el agua también se usa para la generación de energía y diversas actividades productivas como la industria, en la agricultura se utiliza casi 80 por ciento del recurso.
“Todas estas actividades se han hecho de manera poco eficiente, lo que provoca que muchos acuíferos estén sobreexplotados y el número se incrementó considerablemente en las últimas cuatro décadas. Para 2015, el 16 por ciento de los acuíferos estaban sobreexplotados” manifestó la diputada.
En el ámbito mundial entre 85 y 95 por ciento del agua residual se descarga directamente a ríos, lagos y océanos sin recibir tratamiento previo. En México, sólo 31 por ciento del volumen generado en aguas industriales recibe tratamiento, pero cuando no reúne los requisitos de calidad puede ser vehículo de enfermedades diarreicas.
Zagal apuntó que en México, la última reforma en materia de agua se realizó en 2012, cuando se reconoció su acceso como un derecho fundamental; no obstante, esta modificación en los hechos no es efectiva, entre otras cosas porque la Ley de Aguas Nacionales es reglamentaria del artículo 27 constitucional y no del 4º; además se expidió en 1992, “por lo que presenta un atraso significativo a la realidad actual”.
El tema de la regulación de las aguas subterráneas es una de las deficiencias más grandes de la Ley de Aguas Nacionales.
Mencionó que en la ley no permea el enfoque de derechos humanos ni de sustentabilidad. No existe una legislación que haga cumplir los principios del artículo 4º constitucional; es decir, “no hay cumplimiento eficaz del acceso, abastecimiento, disposición y saneamiento en condiciones suficientes, salubres, aceptables y asequibles.
Además, existen múltiples vacíos y contradicciones normativas, así como problemas institucionales que impiden sostener que el agua es un derecho para todas y todos”.
Precisó que el tema de la regulación de las aguas subterráneas es una de las deficiencias más grandes de la Ley de Aguas Nacionales, pues si bien hay distintas disposiciones sobre esta problemática, están dispersas, lo cual genera dudas y contradicciones al momento de su aplicación.
“Para resolver este conflicto debemos generar un capítulo específico dentro de la ley para que agrupe las normas dispersas y se le dé debido sentido”. puntualizó Zagal.
Por su parte, Mario Delgado Carrillo, también coordinador del grupo parlamentario de Morena, afirmó: “Si uno va a cualquier estado hay problemáticas y la disponibilidad que se tiene como país ha bajado dramáticamente; la explicación es única: la corrupción y una visión privatizadora que ha prevalecido en los últimos años
Denunció que desde 2010 la Organización de las Naciones Unidas estableció el derecho al agua potable y saneamiento como garantía humana esencial y la Constitución mexicana lo retomó en 2014.
Desde ese momento se pretendió reformar la Ley de Aguas Nacionales, “pero se volvieron polémicas, porque aprovechando la iniciativa para hacerlo humano, siempre había visiones privatizadoras, las cuales afortunadamente no avanzaron”.
Delgado Carrillo destacó que ahora existe la oportunidad de legislar en esta materia. El gobierno de la república está analizando el tema y preparando una iniciativa y también en esta Cámara hay esfuerzos para revisarlo, ya que es fundamental.