La protección y apoyo a los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente es esencial para construir sociedades justas y sostenibles, señala la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Los gobiernos y organizaciones de América Latina deben unirse en un esfuerzo colaborativo para garantizar un entorno seguro y propicio en el que estos valientes activistas puedan continuar desempeñando su labor vital para nuestra sociedad y nuestro planeta.
La defensa de los derechos humanos y la protección del medio ambiente son causas fundamentales para el desarrollo sostenible y la preservación de nuestro planeta en la actualidad.
En América Latina, los defensores de estas causas desempeñan un papel crucial en la lucha contra el cambio climático y la protección de comunidades marginadas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha destacado la importancia de garantizar un entorno seguro para estos activistas y reconocer la diversidad de sus luchas.
Recientemente, en Panamá, la CEPAL organizó el segundo foro anual sobre defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, donde se compartieron experiencias y buenas prácticas en la promoción, prevención y protección de estos defensores. Este encuentro también tenía como objetivo elaborar un plan de acción que se presentará en la tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú en abril de 2024.
Los participantes, que incluyeron altos funcionarios gubernamentales y activistas, resaltaron la diversidad de los defensores ambientales, con un enfoque especial en aquellos que pertenecen a grupos discriminados o marginados, como los indígenas y afrodescendientes. Estos defensores a menudo enfrentan desafíos extraordinarios mientras protegen sus territorios, culturas y formas de vida.
En la primera jornada de discusiones, los participantes hicieron un llamado a los gobiernos de la región para reforzar la protección de los defensores ambientales y garantizar un entorno seguro que permita que realicen su labor de manera efectiva. Destacaron la necesidad de colaboración entre gobiernos y organizaciones mundiales para abordar la acelerada destrucción de nuestros ecosistemas, exacerbada por el cambio climático.
El Acuerdo de Escazú, el primer pacto internacional con disposiciones específicas sobre defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, se presentó como un instrumento crucial para garantizar la democracia, la protección del medio ambiente, el estado de derecho y el desarrollo sostenible en la región. Sin embargo, se enfatizó que para implementar este acuerdo de manera efectiva, es necesario contar con un plan de acción que defina y guíe las acciones a seguir.
Marcelo Cousillas, director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Ambiente de Uruguay, resaltó la necesidad de mecanismos claros y efectivos para implementar las disposiciones del Acuerdo de Escazú. También subrayó la importancia de encontrar y proponer los mecanismos que guiarán esta hoja de ruta para la protección de los defensores ambientales en la región.