México.- La Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, presidida por el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, aprobó dos dictámenes que reforman diversas leyes en materia ecológica y cambio de uso de suelo.
La reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que la Secretaría del Medio Ambiente sólo podrá autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, cuando la capacidad de almacenamiento de carbono se mitigue en las áreas afectadas por la remoción de la vegetación.
Agrega que no se podrá otorgar autorización de cambio de uso suelo en terrenos de bosque donde la pérdida de cubierta forestal fue ocasionada por incendio, tala o desmonte.
Señala que esta secretaría y la Comisión Nacional Forestal firmarán convenios con otras instancias del gobierno que destinen apoyos para el desarrollo del sector rural, a fin de evitar la deforestación y degradación.
Asimismo, participarán con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para coordinar la política de uso del suelo con el propósito de desarrollar prácticas sustentables.
Otro dictamen aprobado modifica diversas disposiciones de las leyes Federal de Responsabilidad Ambiental; General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y la General de Bienes Nacionales, con el objetivo de armonizarlas en materia ambiental y actualizar la manera en que se fijan las multas derivadas de daños ocasionados al medio ambiente.
El documento sustenta que México tiene una riqueza natural inmensa, especies animales, flora, maderas preciosas y arrecifes.
Además, en el camino hacia el crecimiento económico y desarrollo se han creado una serie de directrices regulatorias en medio ambiente, en ellas se indica cómo realizar el uso de los recursos naturales, la temporalidad, quién lo puede hacer, las sanciones y responsabilidades en caso de no cumplir con ello, así como la obligación de restaurar el daño ocasionado.
Por lo anterior, es importante una armonía entre las leyes en materia ambiental para actuar de manera congruente en la aplicación de sanciones, en caso de ser requeridas.