El día de ayer, se llevó a cabo el evento #EscazúAhora, avances y retos para México en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde se dieron a conocer los avances más recientes de nuestro país en la implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como el Acuerdo de Escazú.
A solicitud de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, la Dirección General para Temas Globales encabezó el encuentro, en donde se dio a conocer el Grupo Nacional de Escazú (GNE), que será el máximo órgano colegiado de representación multiactor que prepare las condiciones necesarias para fortalecer la gobernabilidad ambiental en México. En el evento se revisó su proceso de conformación, prioridades y tareas pendientes, y se inició la conversación sobre su institucionalización.
En el segmento de inauguración, la directora general para Temas Globales, Camila Zepeda, comentó que los esfuerzos de los dos últimos años, que incluyeron consultas con todas las partes interesadas en el tema, dieron como resultado la creación de este espacio de concertación entre dependencias gubernamentales y representantes del público, que tendrá la responsabilidad de definir la Ruta Integral de Implementación del Estado mexicano para el Acuerdo de Escazú.
A nombre del sector gubernamental, la subdirectora de Asuntos Multilaterales del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Isabel Reyes Guerrero, señaló que los pueblos indígenas habitan una quinta parte de la región latinoamericana y suelen ser los más afectados por los efectos del cambio climático, situación también presente en México. En ese sentido, el papel del INPI en el GNE será esencial para que las decisiones que ahí se tomen impacten positivamente en los grupos más vulnerables.
Por su parte, Laura Barranco Pérez, una de los seis representantes del público dentro del GNE, inició su intervención pidiendo un minuto de silencio por las personas defensoras del territorio asesinadas en el país y compartió un panorama de la violencia que sufre este sector de la población. Destacó que el público en el GNE trabajará en colaboración con las entidades gubernamentales para asegurar procesos efectivos y resultados tangibles. Al cierre de su intervención, destacó que el papel de los representantes será colaborativo para asegurar que sea un proceso efectivo y con resultados tangibles.
En su momento, el director general de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Guerrero Zazueta, expresó la voluntad del Poder Judicial federal de contribuir a los trabajos del Grupo Nacional, en línea con los criterios jurisprudenciales más recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que incluyen principios jurídicos innovadores para la resolución de conflictos ambientales, tales como el principio pro persona, in dubio pro natura y pro agua con los que inauguran una nueva época en la atención de la agenda ambiental.
Para el cierre de este primer panel, Patricia Madrigal Cordero, integrante del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, e Irene Murillo Ruin, representante del Mecanismo Público Regional del Acuerdo de Escazú –en visita desde Costa Rica—, compartieron experiencias relacionadas con los mecanismos de implementación y vigilancia del Acuerdo de Escazú a nivel regional. Respecto al GNE, coincidieron en resaltar la relevancia de este tipo de ejercicios, que permitirán retroalimentar y reforzar sus trabajos de manera permanente.
En la segunda sección del evento, se presentaron los proyectos que el Gobierno de México emprende, de la mano de diversos aliados, para fortalecer su gobernanza ambiental. Fue ocasión para refrendar los compromisos comunes de nuestro país con la cooperación internacional, al tiempo de dejar constancia del extenso trabajo que se lleva a cabo para impulsar el Acuerdo de Escazú en México.
La Alianza Ambiental Triangular entre Ecuador, México y Alemania fue presentada por Camila Zepeda como una oportunidad única para el intercambio de experiencias en esta materia. Silke Silva Meléndez, de la Embajada de la República Federal de Alemania en México, y Luis Espinosa Salas, de la Embajada del Ecuador en México, compartieron sus expectativas del proyecto conjunto y reafirmaron su confianza en los beneficios de compartir buenas prácticas en materia de transparencia, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Asimismo, se dio a conocer el programa que iniciará próximamente, en el que la Escuela Nacional de la Magistratura en Francia acompañará un proyecto para el fortalecimiento de la justicia ambiental en México, bajo el auspicio de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid). Por su parte, la directora regional para México, Cuba y América Central de la AFD, Juliette Grundman, refrendó su compromiso para la creación de una estrategia de capacitadores para el sector responsable de la impartición de justicia ambiental.
También se contó con la presencia del representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD), Lorenzo Jiménez de Luis, quien una vez más expresó su agradecimiento por la confianza que las autoridades mexicanas han depositado en el Programa para acompañar el liderazgo de la Secretaría de Relaciones Exteriores en los trabajos de articulación de estas acciones. El PNUD brinda a nuestro país su experiencia técnica para potenciar los procesos de gobernanza de este mecanismo.
Otra iniciativa presentada fue la Red de Amig@s de Escazú, para cohesionar todos los esfuerzos de donantes, fundaciones y personas interesadas en contribuir a la gobernanza ambiental en México. Con su apoyo, se impulsarán las sinergias necesarias, a nivel nacional y regional, para la consecución de los objetivos de Escazú.
Finalmente, con respecto al papel del Poder Legislativo en la implementación del Acuerdo de Escazú en México, la senadora Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe del Senado de la República, reafirmó su compromiso para crear redes de solidaridad multiactor que permitan a las personas defensoras ambientales enfrentar los retos de su profesión. Por otra parte, se comprometió a impulsar una campaña de capacitación sobre el contenido y los alcances del Acuerdo de Escazú entre legisladores federales y estatales. En el futuro cercano, será importante contar con iniciativas legislativas ambientales que representen herramientas para dar una continuidad efectiva al cumplimiento de este Acuerdo.
Al cierre del encuentro, Camila Zepeda invitó a todas las personas asistentes a sumarse a los trabajos del Grupo Nacional de Escazú, reiterando a los cuerpos diplomáticos presentes que México está abierto a todas las oportunidades de cooperación que faciliten compartir experiencias hacia la implementación de tan importante Acuerdo.
El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva, en América Latina y el Caribe, de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones en la materia y acceso a la justicia en estos asuntos, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible.