En México es imposible hablar de un modelo de desarrollo o de una minería sustentable cuando esta industria contamina, no mejora la calidad de vida de las comunidades y sólo unos cuantos aprovechan el marco normativo para enriquecerse, coincidieron especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Frente a ese escenario es válido cuestionar lo que significa para el país y para las empresas el desarrollo cuando dos mexicanos ubicados dentro de los más ricos del mundo están involucrados en el sector minero, sostuvo la doctora Aleida Azamar Alonso, investigadora del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco de la Casa abierta al tiempo.
En la mesa Minería y extracción de vida en México: riqueza material y pobreza normativa, moderada por la doctora Alejandra Toscano Aparicio, jefa del Departamento de Política y Cultura, advirtió que “lo que vemos son comunidades que se han quedado en la pobreza o pobreza extrema cuando un proyecto minero termina y con problemas de salud y daños en su territorio después de 15 o 30 años”.
Entonces, “no se puede hablar de desarrollo ni de una minería sustentable por el uso excesivo de agua –tan sólo para el litio manejan 600 litros por segundo para hacer la extracción, volumen que podrían aprovechar hasta cuatro personas en un día– sin descuidar los accidentes que causan, tal es el caso de Pasta de Conchos en 2006 y la contaminación al río Sonora en 2014, donde incluso los pescadores perdieron su empleo”.
La también coordinadora de la Maestría en Sociedades Sustentables de la UAM comentó que al igual que el extractivismo la minería metálica –donde se saca grava y arena– genera conflictos violentos con los pobladores por la pérdida del agua, por el ruido y la contaminación, así como el despojo o desplazamiento forzado de sus lugares.
Estas evidencias no se ven reflejadas en los noticiarios, “que únicamente ponen a la gente como la conflictiva porque salen con piedras y machetes, pero casi nunca se veía a los policías o militares, como ocurrió cuando se construía el nuevo aeropuerto en Texcoco”, apuntó.
La doctorante Rocío Hernández Vite, profesora de la asignatura de Régimen Constitucional de la Actividad Económica en la Unidad Azcapotzalco, señaló que con dificultad podría hablarse de que el extractivismo pueda favorecer o generar desarrollo local, puesto que “sólo ha formado parte del esquema colonial impuesto históricamente en México y América Latina que beneficia el saqueo de recursos naturales con consecuencias económicas, territoriales y sociales graves y negativas para el país”.
Si bien es cierto que el extractivismo sustentable no existe, bajo esa lógica “estamos hablando no sólo de transferencia de recursos naturales, sino también de expropiación ecológica, en el sentido de que utilizan recursos como el agua cuando existen graves problemas en todo el territorio por la escasez del líquido y es uno de los focos de conflicto porque pone en riesgo el derecho de las comunidades, además del despojo de sus lugares de origen”.
La doctora Alejandra Toscano Aparicio recordó que los daños ocasionados por la actividad minera han provocado 58 conflictos, algunos laborales y otros más debido a la inseguridad, así como ecoterritoriales y aunque ha habido modificaciones, las normativas no median de manera efectiva entre las corporaciones y el resto de actores involucrados.
En México es posible hacer algo para mejorar la situación de las comunidades aledañas a los proyectos mineros y evitar que las empresas se asienten en zonas protegidas, como son algunas acciones emprendidas a partir de las modificaciones recientes a la Ley Minera, reconoció Azamar Alonso.
Un ejemplo claro lo puso El Salvador, donde un movimiento social conformado por grupos de defensa del hábitat, académicos y la misma colectividad impulsó el debate legislativo para la creación de una ordenanza ambiental que limitara las concesiones a particulares de proyectos mineros metálicos, en defensa de los mantos acuíferos, la flora y la fauna cercanos, concluyó.