En México se localizan seis Regiones de Emergencia Ambiental (REA) que padecen de una severa crisis por la depredación causada por la actividad industrial y manufacturera, afirmó la doctora Aleida Azamar Alonso, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
La profesora del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco sostuvo que desde la década de los ochenta del siglo pasado se han generado zonas de contaminación ambiental que se relacionan con los corredores urbano-industriales señalados en el Plan Nacional de Desarrollo formulado por Ernesto Zedillo en 1996, para conectar en forma expedita el este de los Estados Unidos con la Cuenca del Pacífico.
“Desde hace décadas se ha implantado un modelo extractivo depredador que ha incrementado la pobreza y al mismo tiempo ha degradado al entorno”, ejemplo claro de este proceso son los seis “infiernos ambientales” ubicados en El Salto-Juanacatlán, Jalisco; Dolores Hidalgo, Guanajuato; Atitalaquia-Atotonilco-Apaxco, Hidalgo; Ríos Atoyac y Zahuapan, en Puebla y Tlaxcala; el Istmo Norte y Coatzacoalcos, Veracruz.
Al participar en la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. Desigualdades y conflictos por el acceso al agua, tierra y territorio en AL, organizada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, agregó que de acuerdo con información de Toxitur México se ubican otras siete regiones contaminadas: los corredores geográficos Guaymas-Nogales, Manzanillo-Nuevo Laredo, Matamoros-Villahermosa, Acapulco-Veracruz, Tapachula-Manzanillo, Salina Cruz-Coatzacoalcos y Villahermosa-Cancún.
Aunque “ante el embate de empresas trasnacionales y del país ligadas a las exportaciones e importaciones en esas zonas se ha gestado una resistencia social para combatir la explotación irracional impuesta por el gran capital de la tierra y el agua”, indicó al dictar la ponencia Las Regiones de Emergencia Ambiental (REA) en México.
Azamar Alonso, presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica, apuntó que puede catalogarse como el primer infierno ambiental lo que ha sucedido en Jalisco, donde la población pobre ha sido la más afectada, aunque también se ha observado la destrucción silenciosa del ecosistema en Guanajuato, mientras en tercer lugar puede ubicarse el “desarrollo industrial” ubicado en Hidalgo.
“Los infiernos ambientales son consecuencia de una política industrial depredadora, en la que tanto el Estado como las empresas son cómplices”, sentenció.
En torno a esa depredación del entorno, en el artículo Las regiones de emergencia ambiental: ¿una alternativa a los extractivismos y a la industrialización salvaje?, Azamar Alonso e Isidro Téllez Ramírez rememoran que esos espacios geográficos fueron identificados en diciembre de 2019, por un grupo de ciudadanos, periodistas, fotógrafos y académicos mexicanos, acompañados de dos europarlamentarias y una senadora estadunidense, así como por reconocidos científicos y activistas de varios países.
En un recorrido de más de dos mil 600 kilómetros, la caravana constató la toxicidad y fetidez extrema en la que viven miles de personas afectadas por actividades extractivas (minera, petrolera, termoeléctrica, cementera y agropecuaria) y manufactureras (automotriz, química, electrónica, de plásticos y textiles, entre otras) en esos “paraísos industriales”.
Ante los observadores, las personas y organizaciones afectadas denunciaron la contaminación de los ríos, acuíferos, bosques, atmósfera y tierras fértiles, así como la proliferación de casos de cáncer de hígado, riñón, estómago y piel, de insuficiencia renal, fluorosis dental y esquelética, deficiencia plaquetaria, leucemia, abortos espontáneos, mutaciones genéticas e incluso casos de retraso mental infantil, mencionan los autores.
Ante esta situación crítica, las REA representan un acto de reconocimiento sobre la magnitud de los efectos y riesgos ambientales que enfrentan varias comunidades marginadas de la sociedad mexicana.
Sin embargo, “hace un par de años ese reconocimiento no hubiera sido posible siquiera imaginar, ya que estos problemas solían ignorarse por completo debido a las lógicas del modelo de economía abierta aplicadas en México desde hace poco más de 30 años”.
Los autores enfatizan que los protagonistas de esta resistencia socioambiental mexicana han sido principalmente comunidades campesinas y organizaciones urbanas, varias de las cuales están lideradas por mujeres, como la movilización de las habitantes de Alpuyeca, Morelos, cuyo objetivo es el cierre de un enorme basurero a cielo abierto, o el movimiento de mujeres indígenas mazahuas contra el despojo de agua del Cutzamala.
Los especialistas enfatizan en que la responsabilidad de la crisis ambiental y social que se vive en las REA no sólo recae en las compañías de capital privado, sino que también las empresas de propiedad estatal han incidido en el aumento de su intensidad y datan de la política industrial que se aplicó desde el desarrollo estabilizador mexicano.
“Si bien lo que se ha hecho hasta ahora es un pequeño esfuerzo, se trata de un primer paso hacia una situación de bienestar que representa otro camino a la lógica de devastación y consumo desenfrenado de los bienes naturales que se ha presentado en forma intensiva, en especial en los últimos 30 años, periodo en el que se ha ejecutado un modelo de economía abierta en México”, apuntan los expertos.