Los Ángeles.- En un nuevo capítulo de escalada judicial por la lucha contra el cambio climático entre estos estados progresistas y la Administración del presidente Donald Trump, la nueva demanda califica de "ilegal" la decisión de la Casa Blanca de recortar las regulaciones de la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA).
"Al enfrentar la amenaza de una emergencia climática, ahora es el momento de fortalecer la biodiversidad de nuestro planeta, no de destruirla", dijo el fiscal general de California, Xavier Becerra, en una conferencia de prensa.
Becerra, que ha presentado ya 62 demandas contra el Gobierno Trump, muchas de ellas por divergencias en políticas medioambientales, aseguró que defenderá esta ley porque "la humanidad y las especies con las que compartimos este planeta dependen de ella".
La fiscal general del Massachusetts, Maura Healey, dijo que mientras el mundo enfrenta una "emergencia climática y una crisis de extinción global que amenaza a más de un millón de especies", el Gobierno de EUA "destripa" las protecciones que establecía la ESA para "allanar el camino para el desarrollo de petróleo y gas".
Massachusetts y California lideran esta demanda a la que se han sumado además Maryland, Colorado, Connecticut, Illinois, Michigan, Nevada, Nueva Jersey, Oregón, Pensilvania, Nuevo México, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont y el Distrito de Columbia, así como estado y la ciudad de Nueva York.
El fiscal general de California subrayó que durante más de 45 años la ley de especies en peligro de extinción, establecida en 1973, ha protegido a animales como el águila calva, el oso pardo, la ballena jorobada y el cóndor de California, que casi llega a su extinción en la década de los años 80 del siglo XIX.
En julio pasado, y cuatro décadas después, organizaciones ecologistas anunciaron el nacimiento del polluelo número mil del cóndor de California, una especie que se cree existe desde hace más 40 mil años.
En el Estado Dorado hay más de 300 especies listadas como en peligro o amenazadas, más que cualquier en otro estado en el continente, señaló Becerra, al asegurar que está en la obligación de defender a estas especies.
California y Trump mantienen desde hace meses un pulso por las políticas sobre cómo afrontar el cambio climático, y la semana pasada la batalla llegó a uno de sus puntos más álgidos cuando el mandatario eliminó una medida que por décadas permitía a este estado imponer sus propios niveles de emisiones contaminantes de vehículos.
La nueva regla de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), que afecta a otros 13 estados y el Distrito de Columbia, no permitirá que ningún estado imponga controles de contaminación más ambiciosos que los adoptados por el Gobierno federal.
Trump defendió en varios tuits que, al rebajar los estándares, la producción de vehículos será más barata y la gente comprará nuevos automóviles.
Un día después del anuncio hecho por el presidente, Becerra demandó, junto a otros estados afectados, la nueva regla bajo el argumento de que las normas de contaminación más estrictas del estado eran legales y necesarias para mejorar la calidad del aire de California.
Y este lunes, el administrador de EPA, Andrew Wheeler, abrió otro campo de batalla al enviar una carta a la Junta de Recursos del Aire de California en la que amenazaba con retirar miles de millones de dólares de fondos federales para las carreteras del estado a menos que las autoridades estatales eliminen una acumulación de planes de control de contaminación del aire.
California recibirá alrededor de 8 mil millones de dólares en fondos federales para sus carreteras en los años fiscales 2019 y 2020.
No tardó en responder el gobernador de la región, Gavin Newsom, quien criticó el historial ambiental del mandatario republicano y calificó la amenaza Wheeler como un "truco político descarado".
Al ser cuestionado por los medios sobre el éxito de esta nueva batalla legal, presentada en la propia California, Becerra dijo que presentaron la demanda porque se "encontraron méritos y saben que pueden ganar".