México.- Para resarcir a los mexicanos el derecho constitucional de hacer uso libre de playas públicas y generar condiciones de certidumbre jurídica para inversionistas, dotando al Estado de una legislación moderna que permita generar riqueza sin perder soberanía, el senador José Luis Pech Várguez, planteó reformar los artículos 7 y 119 de la Ley General de Bienes Nacionales.
En la iniciativa, el legislador señaló que los ciudadanos podrán reclamar efectivamente su derecho constitucional a tener playas públicas y quienes adquieran una concesión podrán hacer redituable su actividad comercial sin entrar en contradicciones legales.
Dijo que en el fondo se trata de un acto de justicia social y congruencia legal, pues resulta paradójico que cada año millones de extranjeros provenientes de todo el mundo llegan a nuestras playas a descansar y otros a invertir en ellas.
Derivado de lo anterior, proponemos reformar dicha Ley con el fin de modificar la delimitación actual de las playas marítimas y ampliarla por diez metros a partir de la parte más alta de la marea (pleamar), debido a que se considera que esta medida es la adecuada para garantizar el uso público de la playa.
El senador de Quintana Roo, planteó además incluir como parte del concepto de playas marítimas a las arenas, acantilados, formaciones rocosas, y cualquier otra superficie o geoforma que, por virtud de la marea, el agua los cubra o descubra.
Pech Várguez puntualizó que es necesario precisar que las playas marítimas serán de uso público, con acceso libre y franco a ésta y al mar siempre garantizado, en cualquier dirección y sentido, por lo que no puede haber una erogación para su acceso, obstaculizar o prohibir el paso, ni serán utilizadas como propiedad privada.
Con esta propuesta, insistió, se busca reducir el área de la Zofemat a diez metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a dichas playas marítimas, así como de lagos, lagunas, esteros o depósitos naturales de agua marina que se comuniquen directa o indirectamente con el océano, esto como consecuencia de la propuesta de ampliación de diez metros del área de playa pública.
Con ello, dijo, se evitaría incurrir en la afectación de la propiedad privada actual.
El legislador afirmó que, en los destinos nacionales de mayor éxito, el crecimiento de la industria hotelera y de servicios ha modificado el entorno, los usos y costumbres en espacios que cuatro décadas atrás eran pequeñas comunidades pesqueras, pero ahora son polos turísticos de nivel mundial.
Un ejemplo de estos cambios insistió, es precisamente el del acceso libre con fines recreativos a las playas, que se ha ido restringiendo para la población en la medida que se concesionan y se erosionan partes de éstas, debido a que la legislación relacionada requiere actualizarse para ofrecer mecanismos que permitan al Estado mexicano ejercer soberanía plena sobre estos recursos estratégicos de la nación.
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 119 de la Ley General de Bienes Nacionales, se turnó a las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, para su estudio y análisis.