Roma.- Ocho representantes de más de 300 comunidades indígenas brasileñas hacen estos días una gira por Europa para denunciar que su país exporta muchos productos agrícolas procedentes de “tierras deforestadas ilegalmente y áreas protegidas”.
“Estamos alertando a los empresarios de que no compren productos que provengan de zonas de conflicto de territorios indígenas”, dijo Angela Kaxuyana, una de los líderes indígenas que tienen programadas reuniones con autoridades, compañías y activistas en doce países europeos.
La deforestación de la Amazonia brasileña aumentó un 93 por ciento en los nueve primeros meses del año, según datos oficiales cuestionados por el presidente del país, Jair Bolsonaro, en medio de la polémica por los 30 mil 901 focos de incendios registrados allí en agosto, la peor cifra de ese mes de la última década.
Queremos gestionar y preservar esos territorios que contienen biodiversidad, agua, bosques, aire y producen servicios ambientales no solo para nuestros pueblos, sino para el resto del mundo
Grupos de derechos humanos han culpado a grupos mafiosos de talar los árboles y vender la madera, quemar luego los restos de vegetación y usar el terreno para ganadería y agricultura.
Brasil es el mayor de los nueve países que ocupan la cuenca amazónica, hogar de más de 30 millones de personas, incluidos pueblos indígenas.
“Queremos gestionar y preservar esos territorios que contienen biodiversidad, agua, bosques, aire y producen servicios ambientales no solo para nuestros pueblos, sino para el resto del mundo, aunque tenga un alto costo”, apunta el dirigente de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) Tuntiak Katan.
Este ecuatoriano ha visto la fuerte degradación y la contaminación de ríos por la minería o la tala indiscriminada, que están “quitando el modo de vida de las comunidades y empobreciéndolas”.
Pide apoyo para modernizar su economía para poder “usar los recursos, pero también preservarlos”, si bien esto último “parece molestar a ciertos gobiernos”.
Pobres y perseguidos
Los pueblos autóctonos, que suman el 5 por ciento de la población mundial, representan el 15 por ciento de los pobres, entre otras razones por la pérdida de control sobre sus recursos.
Muchas de esas comunidades están siendo perseguidas cuando se oponen a grandes proyectos de industrias extractivas, agroindustria, infraestructuras y tala de árboles, como recogen los informes de la relatora especial de la ONU sobre pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.
Según la ONG Global Witness, en 2018 fueron asesinados 164 líderes indígenas y ambientalistas, principalmente en Filipinas, Brasil y Colombia.
“Cuando los gobiernos ceden terrenos para producir productos agrícolas en zonas que son bosques de los indígenas, está haciendo más pobres a esas personas”, señala Tauli-Corpuz, que exige respetar los derechos de esos pueblos, capaces de “sostener la biodiversidad en el mundo” con sus conocimientos.
Tierras en disputa
Se calcula que el 65 por ciento de la superficie terrestre ha estado tradicionalmente en manos de comunidades y pueblos indígenas, si bien solo tienen legalmente reconocido un 10 por ciento.
Aunque no hay datos oficiales sobre acaparamientos de tierras, la iniciativa Land Matrix ha recopilado información de más de mil 600 compras cerradas de terrenos para la agricultura a gran escala en más de 47.5 millones de hectáreas.
En América Latina, con grandes desigualdades en la distribución de la tierra, se han detectado 830 casos de grandes transacciones, si bien resulta difícil hacer un seguimiento de los conflictos.
“Principalmente se cultiva soja, maíz, caña de azúcar y ganadería, sobre todo en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay”, afirma el portavoz de Land Matrix en la región, Cristian Venencia, que cita la falta de títulos de propiedad como uno de los problemas que afrontan las comunidades.
Protectores del bosque
Según la Iniciativa de Derechos y Recursos (RRI), los bosques de los indígenas y comunidades que han sido reconocidos legalmente tienden a almacenar más carbono y experimentar menor deforestación que en otros lugares.
Para el coordinador de RRI Andy White, esos pueblos “son los mejores protectores del bosque” y “proteger su derecho a la tierra es la solución más efectiva y barata”.
Se queja de que ninguna de las iniciativas globales de lucha contra la deforestación y el cambio climático está “realmente ayudando a mapear, registrar y otorgar dinero para el reconocimiento de los derechos indígenas”, pese a que ambas cuestiones están relacionadas.